Por Dennis Gonzalez Jr., Esq. • Exfiscal de Miami-Dade • Abogado de defensa criminal • Publicado: febrero de 2026 • Dennis Gonzalez Law, P.A.

Ahora mismo, mientras usted lee esto, su historial de búsquedas de Google va armando un perfil digital de su vida: sus preocupaciones de salud, sus decisiones de dinero, sus curiosidades, sus miedos. Y las agencias del orden en todo Estados Unidos usan cada vez más ese perfil para identificar sospechosos de delitos, incluso cuando no tienen un sospechoso para empezar.

Se llama orden inversa de palabras clave (reverse keyword warrant), y una corte suprema estatal fuera de Florida ya emitió un fallo sobre ella. Si usted vive en Florida y usa Google, y eso es prácticamente todo el mundo, necesita entender lo que esto significa para sus derechos.

¿Qué es una orden inversa de palabras clave?

Las órdenes de registro (search warrants) tradicionales funcionan como la mayoría de la gente espera: la policía identifica a un sospechoso y luego le pide permiso a un juez para registrar las pertenencias o los récords de esa persona. Una orden inversa de palabras clave le da la vuelta completa a ese proceso.

Con una orden inversa de palabras clave, la policía le pide a Google que entregue información sobre todas las personas que buscaron ciertos términos durante un período específico. No empiezan con un sospechoso. Empiezan con un término de búsqueda y trabajan hacia atrás, a través de la base de datos de miles de millones de usuarios de Google, hasta encontrar uno.

Piense en lo que eso significa. En la práctica, la policía puede decirle a Google: denos la identidad de cada persona que buscó esta dirección en las últimas dos semanas. Y Google, que procesa miles de millones de búsquedas al día y guarda el retrato más detallado de la curiosidad humana que se haya reunido jamás, cumple.

Estas órdenes se han usado para investigar atentados con bombas en Texas, el asesinato de un político brasileño y un incendio provocado con víctimas fatales en Colorado. Y las cortes las han permitido.

Los casos que están dando forma a la ley

Otros estados

Una corte suprema estatal fuera de Florida ya emitió un fallo sobre una orden inversa de palabras clave. Esa decisión no obliga a las cortes de Florida, y las preguntas que plantea siguen abiertas aquí.

La Corte Suprema de los Estados Unidos: Chatrie v. United States, 609 U.S. 605 (2026) (decidido el 29 de junio de 2026)

Actualización (octubre de 2026): esta sección fue revisada para reflejar la decisión de la Corte Suprema del 29 de junio de 2026.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ya se pronunció. No lo hizo directamente sobre las órdenes de palabras clave, sino sobre una pregunta muy cercana: las órdenes de geocerca (geofence warrants). En Chatrie v. United States, 609 U.S. 605 (2026), la policía había obtenido una orden de geocerca dirigida a Google para conseguir los datos de ubicación de los teléfonos celulares que estaban cerca de una cooperativa de crédito asaltada en Virginia. La jueza Kagan escribió la opinión de la Corte, a la que se unieron el presidente de la Corte, Roberts, y los jueces Sotomayor, Kavanaugh y Jackson. La Corte atendió la primera pregunta: si la policía realizó un registro (search) cuando obtuvo de Google los datos de ubicación del acusado. La respuesta fue que sí, porque una persona tiene una expectativa legítima de privacidad en los datos de ubicación de su teléfono celular. Id. en 619. La Corte concluyó que los agentes de policía invaden la expectativa razonable de privacidad del usuario de un teléfono celular cuando acceden a su Historial de Ubicaciones (Location History). Id. en 637. El juez Gorsuch estuvo de acuerdo con el resultado; el juez Alito disintió, con el apoyo parcial de los jueces Thomas y Barrett, y la jueza Barrett también escribió su propia opinión disidente.

Las órdenes de geocerca, igual que las de palabras clave, funcionan al revés: en vez de identificar quién buscó ciertos términos, identifican de quién era el teléfono que estaba en un lugar específico a una hora específica. Antes de Chatrie, las cortes federales de apelaciones no se ponían de acuerdo sobre si las órdenes de geocerca son constitucionales.

Un matiz importante: la Corte decidió solamente que obtener los datos de ubicación fue un registro. No decidió si esta orden en particular, de varios pasos, fue razonable, es decir, si cumplió con la causa probable (probable cause) y con el requisito de particularidad en cada paso, y le devolvió esa pregunta al Cuarto Circuito. También declinó revisar la excepción de buena fe (good faith exception), así que no resolvió si la evidencia debe suprimirse. Esas peleas continúan en las cortes inferiores.

La Corte no trató las órdenes de palabras clave. Si su razonamiento sobre los datos de ubicación alcanza los récords de búsquedas de Google es una pregunta abierta que los abogados defensores ahora van a plantear.

¿Preguntas sobre su situación? Hable con Dennis.

¿Qué significa esto en Florida?

En Florida, ninguna corte estatal de apelaciones ha decidido todavía de forma directa sobre las órdenes inversas de palabras clave. Pero entender el marco legal es esencial para cualquier persona que enfrente cargos criminales en los que la evidencia digital tenga un papel.

El marco constitucional de Florida

El Artículo I, Sección 12 de la Constitución de Florida protege contra los registros e incautaciones irrazonables, pero incluye una cláusula de conformidad clave: ese derecho se interpreta de conformidad con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, según la interpreta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por medio de esa cláusula, lo que Chatrie decidió sobre los datos de ubicación ahora rige también en las cortes de Florida.

Sin embargo, Florida también tiene un derecho a la privacidad separado e independiente en el Artículo I, Sección 23, que reconoce a toda persona natural el derecho a que la dejen en paz y a estar libre de la intromisión del gobierno en su vida privada, salvo lo que la propia Constitución disponga. En Planned Parenthood of Southwest & Central Florida v. State, 384 So. 3d 67 (Fla. 2024), la Corte Suprema de Florida hizo un extenso análisis originalista de esta disposición. Citó una declaración de 1977 del juez Overton, miembro de la Comisión de Revisión de la Constitución, quien advirtió que los datos personales y financieros podían ser recopilados y guardados para su distribución por sistemas de información operados por computadora, y señaló que el proponente de la medida describió la vigilancia del gobierno y los avances tecnológicos como amenazas a la privacidad individual. Id. en 83–84. Aunque ese caso redujo interpretaciones anteriores de la cláusula en el contexto de los derechos reproductivos, el análisis de la Corte refuerza con fuerza que la Cláusula de Privacidad fue diseñada para proteger a los floridanos precisamente del tipo de redada digital del gobierno que representan las órdenes inversas de palabras clave: la recopilación masiva de datos privados por parte del gobierno mediante la tecnología.

Este sería un argumento novedoso en Florida. Pero el Artículo I, Sección 23 no está sujeto a la cláusula de conformidad de la Sección 12, lo que significa que las cortes de Florida son libres de dar mayores protecciones de privacidad digital que las que exigen las cortes federales.

¿Enfrenta cargos criminales con evidencia digital? No espere.

Si la policía obtuvo su historial de búsquedas de Google, sus récords telefónicos, sus datos de ubicación u otra información digital, el momento de actuar es ahora, antes de que esa evidencia se use en su contra en la corte.

(305) 209-0384 Consulta gratis y confidencial. Disponible 24/7. Dennis habla español.

Estrategias de defensa disponibles para los acusados en Florida

Si usted enfrenta cargos criminales en Florida y cree que su historial de búsquedas de Google, sus datos de ubicación u otra información digital se usó en la investigación:

  • Impugnar la causa probable de la orden. Una orden inversa de palabras clave que simplemente adivina que el sospechoso usó Google, sin evidencia específica que conecte el delito con actividad en línea, puede carecer de causa probable suficiente bajo los estándares constitucionales federales y de Florida.

  • Impugnar la particularidad. La Cuarta Enmienda exige que las órdenes describan con particularidad el lugar que se va a registrar y las cosas que se van a incautar. Una orden que barre los historiales de búsqueda de miles de millones de usuarios de Google puede no cumplir ese requisito.

  • Una dirección IP no es una identidad. Una dirección IP identifica la ubicación aproximada de un dispositivo en internet. No identifica a una persona. Las redes WiFi compartidas, los puntos de acceso públicos, los nodos de salida de un VPN y los dispositivos comprometidos significan que una dirección IP asociada con una búsqueda no prueba quién hizo esa búsqueda.

  • Invocar el derecho independiente a la privacidad de Florida. El Artículo I, Sección 23 no está atado a la cláusula de conformidad de la Sección 12 y opera de forma independiente de la Cuarta Enmienda. El propio análisis de la Corte Suprema de Florida en Planned Parenthood v. State, 384 So. 3d 67 (Fla. 2024), conectó esta disposición directamente con la preocupación por la recopilación de datos personales por parte del gobierno mediante la tecnología, que es exactamente el mecanismo que aprovecha una orden inversa de palabras clave.

  • Impugnar la excepción de buena fe. A medida que las cortes identifican problemas constitucionales con estas órdenes, los agentes tienen menos espacio en el futuro para alegar que actuaron de buena fe.

Lo que NUNCA debe hacer si cree que están investigando sus búsquedas

⚠ NO borre su historial de búsquedas de Google, su historial del navegador ni ningún récord digital si cree que lo están investigando o si ya fue arrestado. Destruir evidencia puede traer cargos criminales adicionales, como obstrucción de la justicia y manipulación de evidencia (tampering with evidence), que pueden ser más serios que aquello por lo que lo investigaban originalmente.

⚠ NO hable con la policía sobre su actividad en línea. Usted tiene el derecho absoluto a guardar silencio. Úselo.

⚠ NO trate de explicar sus búsquedas. La persona a quien debe explicarle el contexto es su abogado defensor, no un detective.

✓ SÍ llame de inmediato a un abogado de defensa criminal. Antes de contestar preguntas. Antes de dar su consentimiento a nada. Antes de tocar sus dispositivos.

Más allá de la defensa criminal: implicaciones civiles

Los mismos temas de privacidad digital están empezando a aparecer en los litigios civiles. Los abogados en casos de lesiones personales, empleo y derecho de familia buscan cada vez más acceso a los historiales de búsqueda de la parte contraria durante el descubrimiento de pruebas (discovery). Si usted es abogado, está manejando temas de evidencia digital en un litigio civil y necesita consultar sobre las dimensiones constitucionales y técnicas, nuestra oficina está disponible para una consulta.

Cómo protegerse: pasos prácticos

  • Use un VPN (red privada virtual). Un VPN oculta su dirección IP, lo que hace mucho más difícil que una orden inversa de palabras clave rastree una búsqueda hasta usted.

  • Use buscadores enfocados en la privacidad. DuckDuckGo, Startpage y Brave Search no rastrean ni guardan su historial de búsquedas como lo hace Google.

  • Active el modo de navegación privada. No es una solución completa, pero evita que las búsquedas queden atadas a su cuenta de Google con la sesión abierta.

  • Revise su configuración de privacidad de Google. Borre su historial de búsquedas y desactive el rastreo de Actividad en la Web y en Aplicaciones (Web & App Activity) en myactivity.google.com.

  • Nunca dé su consentimiento para que registren sus dispositivos digitales. Si la policía le pide revisar su teléfono, su computadora o sus cuentas, usted tiene derecho a negarse. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014), una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que aplica en Florida, estableció que la policía generalmente necesita una orden judicial para registrar un teléfono celular.

  • Llame de inmediato a un abogado de defensa criminal si la policía lo contacta. No conteste preguntas sobre su actividad en línea. No trate de borrar evidencia. Llame primero a un abogado.

En resumen

La ley sobre las órdenes inversas de palabras clave se está desarrollando rápidamente. Una corte en otro estado ya trató cómo se aplica la Constitución a estas órdenes. El 29 de junio de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo en Chatrie v. United States, 609 U.S. 605 (2026), que la policía realiza un registro bajo la Cuarta Enmienda cuando obtiene de Google los datos de ubicación del teléfono celular de una persona. Ese fallo obliga a Florida por medio de la cláusula de conformidad, y el derecho independiente a la privacidad de Florida bajo el Artículo I, Sección 23 puede dar protecciones adicionales de todos modos.

Si lo están investigando o enfrenta cargos criminales en el Condado de Miami-Dade y cree que su huella digital tuvo algo que ver, necesita un abogado que entienda tanto la tecnología como un panorama constitucional que cambia rápidamente.

Como exfiscal de Miami-Dade con formación en administración de redes y ciberseguridad, traigo a estos casos una combinación poco común de conocimiento técnico y experiencia como fiscal. Sé cómo la policía arma los casos de evidencia digital porque yo mismo los armaba.

Comuníquese con Dennis Gonzalez Law, P.A.

Si usted o alguien que conoce enfrenta cargos criminales con evidencia digital, ya sea defensa por delitos cibernéticos, tráfico de drogas, violencia doméstica o cualquier otro delito serio, necesita una representación con experiencia.

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Aviso: este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoría legal. Leer este artículo no crea una relación de abogado y cliente. Cada caso es diferente. Consulte con un abogado calificado sobre su situación específica.

Citas legales mencionadas en este artículo

  1. Chatrie v. United States, 609 U.S. 605 (2026). Decidido el 29 de junio de 2026; la excepción de buena fe no estuvo bajo revisión; la validez de la orden fue devuelta a la corte inferior.

  2. Carpenter v. United States, 585 U.S. 296 (2018)

  3. Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014)

  4. United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012)

  5. Planned Parenthood of Sw. & Cent. Fla. v. State, 384 So. 3d 67 (Fla. 2024)

  6. Art. I, § 12, Const. de Fla.

  7. Art. I, § 23, Const. de Fla.